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América Latina y el Caribe determinan en foro de la UNESCO prioridades regionales sobre educación de personas en situación de movilidad
La cuarta edición del foro regional "ܳó más allá de las fronteras, solidaridad regional para la garantía del derecho a la educación de personas en contextos de movilidad", celebrada en Santiago el 23 y 24 de enero de 2024, fue organizada por la UNESCO junto al Grupo Regional de ܳó de América Latina y el Caribe. El evento formó parte del programa multianual de resiliencia de Education Cannot Wait (ECW) y contó con el apoyo del Gobierno de Canadá (GAC).
En la instancia regional de coordinación entre ministerios de ܳó de América Latina y el Caribe, se definieron las acciones prioritarias que la región debe tomar para garantizar el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad. Los resultados del foro se dieron a conocer en un evento temático, como parte de la Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros de ܳó América Latina y el Caribe―Santiago 2024―.
Fueron identificadas como prioridades regionales la realización del monitoreo de las trayectorias educativas, a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la ܳó (LLECE) de la UNESCO, el fortalecimiento de capacidades a nivel regional, la inversión en educación para fortalecer la resiliencia de los sistemas educativos y el posicionamiento de la educación como tema relevante en la agenda política nacional y regional.
21 millones de personas han tenido que abandonar su hogar en América Latina y el Caribe. En 2023, más de medio millón de ellas han cruzado a través de la región del Darién, una selva pantanosa ubicada en el límite de América Central con América del Sur. La cifra duplica el número de personas que cruzó el Darién en 2022. Este contexto ha puesto a prueba los mecanismos de respuesta, los sistemas de asilo y los servicios disponibles para las comunidades migrantes y de acogida en América Latina y el Caribe Rebeca Cenalmor-Rejas, jefa de la Oficina Nacional de ACNUR en Chile. La educación no es la excepción.
“Es evidente que ningún país está en posición, o tiene la capacidad, de responder de manera aislada, por ello, se han redoblado los esfuerzos para mitigar los riesgos de protección, sobre todo con un foco en las personas más vulnerables, pero también para crear espacios de inclusión y la estabilidad de estas personas refugiadas y desplazadas en nuestra región, incluido el acceso, continuidad y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los diversos sistemas educativos”, dijo la representante de ACNUR en el foro.
Por su parte, Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional Multisectorial de la UNESCO en Santiago, aseguró que para la inclusión educativa “la transformación de los sistemas educativos requiere de la voluntad política de los Estados Miembros, los donantes y los socios, para abordar temas estructurales como el financiamiento, las políticas de inclusión, las capacidades institucionales, la planificación y la infraestructura”.
El foro fortaleció el intercambio de experiencias exitosas para la inclusión educativa de la población migrante, refugiada y retornada, antecedentes esenciales para la toma de decisiones de los países para hacer a los sistemas educativos más flexibles, preparados y resilientes. Fue propuesta a los países una mirada de reducción de riesgos y creación de resiliencia con enfoques que abarquen el cambio climático, las amenazas tecnológicas, los conflictos y pandemias que interrumpen la provisión de educación.
Durante el evento, se enfatizó la necesidad de respuestas educativas regionales que sean integrales, que aborden los flujos migratorios mixtos en la región. Asimismo, se reflexionó sobre la conceptualización y enfoques de estas respuestas, destacando la importancia de redefinir conceptos clave para reflejar de manera más adecuada la realidad regional: los conceptos de lo humanitario, el desarrollo y la construcción de paz.
En el foro participaron autoridades educativas nacionales, expertas y expertos temáticos, representantes de agencias del Sistema de las Naciones Unidas, el equipo de Education Cannot Wait, representantes de la academia y actores de la sociedad civil, incluyendo a organizaciones de personas en contextos de movilidad, de juventudes y aquellas que trabajan por los derechos de los migrantes.
