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Sin embargo, luego de décadas de ejecución de normas de acceso a la información en el mundo es adecuado preguntar(se) si este derecho abarca en la práctica a todas las personas. 

El derecho de acceso a la información pública tiene diferentes aristas: como instrumento para que la ciudadanía monitoree el accionar de sus representantes, como herramienta para el ejercicio de los derechos políticos y, también, como mecanismo para ejercer otros derechos sociales, económicos y culturales. 

Todas estas aristas resultan fundamentales para los grupos en situación de vulnerabilidad ya que, al estar muchas veces privados del acceso a bienes y servicios, acceder a información les permite conocer sobre diferentes servicios que brinda el Estado para mejorar su situación y garantizar sus otros derechos.

Estos grupos -personas en situación de pobreza, niños, niñas y adolescentes, población migrante, pueblos originarios, adultos/as mayores y mujeres, diversidades y personas LGBTIQ+- no sólo están potencialmente excluidos de bienes y servicios públicos sino que tampoco pueden acceder de manera sencilla a la información en manos del Estado. 

Muchas veces las políticas que se llevan adelante para promocionar este derecho humano no tienen en cuenta la diversidad de los colectivos que habitan los territorios y sus necesidades específicas. 

Teniendo en cuenta todo ello, los y las miembros de ICIC en el marco de la 14ª Asamblea Ordinaria realizada en Manila, Filipinas en su establecieron que se debe “Enfatizar la importancia del acceso a la información pública (AIP) como un derecho instrumental, especialmente para grupos en situaciones de vulnerabilidad, como mujeres, niños y adolescentes, personas con discapacidades, personas mayores, minorías étnicas, personas en situación de pobreza, personas discriminadas por su orientación sexual o identidad de género, entre otros, para garantizar la protección de otros derechos humanos y el acceso a mejores condiciones de vida. Por lo tanto, los órganos garantes del AIP deben desempeñar un papel activo en la promoción de acciones para reducir la brecha entre el AIP y los grupos en situaciones de vulnerabilidad.”

En este marco, el Grupo de Trabajo de Género y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la ICIC acordó trabajar en este tema y relevar las diferentes experiencias que los distintos órganos garantes están realizando en la materia. 

Este Cuaderno de Discusión recoge el relevamiento llevado adelante por el Grupo y lo enmarca en cinco retos propuestos (ausencia de evidencia para el diseño y ejecución de políticas públicas, desconocimiento por parte de la población del derecho de acceso a la información pública, existencia de barreras materiales y ausencia de recursos técnicos para el ejercicio del derecho de acceso a la información, baja participación ciudadana en el diseño de políticas públicas y ausencia de coordinación entre actores estatales y no estatales) que hoy tienen los órganos garantes, las prácticas para rebatirlos y las experiencias concretas que pueden servir de ejemplo para otros organismos. 

Finalmente, se exponen los desafíos pendientes y un conjunto de recomendaciones para fortalecer el vínculo entre el derecho de acceso a la información pública y los grupos en situación de vulnerabilidad. 

En este sentido, a lo largo del Cuaderno se puede observar la existencia de una agenda compartida por muchos órganos garantes en esta materia. Sin dudas que esto es alentador y permite avanzar en el reconocimiento de este derecho a todas las personas y “no dejar a nadie atrás”, como se sostiene en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, también resulta importante señalar, y quedará demostrado a lo largo de estas páginas, que se requiere de un trabajo más coordinado, sostenible, con objetivos claros y con mayor evidencia para lograr el impacto deseado. Es decir, transformar las experiencias que se están realizando en buenas prácticas que conformen una política pública robusta en materia de acceso a la información y grupos en situación de vulnerabilidad.