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El Patrimonio documental de derechos humanos de Argentina comprende el periodo 1976-1983, y representa la memoria histórica y social tanto de las violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales perpetuadas por el Estado Argentino como de las acciones institucionales y de la sociedad civil en pro de la defensa humanitaria, la justicia y solidaridad. Al abarcar diversos componentes originados en distintas fuentes, este conjunto es indispensable para la reconstrucción de un tiempo histórico específico en un contexto social determinado. Constituye un elemento clave para la clarificación de hechos vinculados a la desaparición forzosa de personas y de las violaciones graves a los derechos humanos en la Argentina, estrechamente asociadas a sucesos semejantes ocurridos en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú, cobijados en lo que significó el "Plan Cóndor". Coordinada por el Archivo Nacional de la Memoria, la postulación reúne documentos provenientes de las instituciones del gobierno nacional, municipal, provincial, de organizaciones de derechos humanos, y de personas. El acuerdo alcanzado para su creación ilustra la experiencia democrática y cívica de muchos esfuerzos cotidianos para mantener viva la memoria, para preservar sus documentos y para divulgarlos. Cada componente del patrimonio documental proporciona evidencia e información única, auténtica e irremplazable para la reconstrucción de la memoria individual y colectiva. 
El conjunto muestra un mapa del terrorismo de estado que dominó la Argentina durante la última dictadura militar. Incluye documentos producidos por los órganos del Estado activos entre 1976 y 1983, con algunas fechas anteriores o posteriores. Luego están los documentos generados por las organizaciones de derechos humanos y por personas que se oponían a la dictadura militar con sus denuncias, luchas, campañas de solidaridad, la búsqueda de víctimas de desaparición forzosa, y sus acciones para conseguir justicia y verdad. Finalmente, están los documentos producidos luego de la recuperación de la democracia en 1983, elaborados para determinar las violaciones a los derechos humanos, el paradero de las personas víctimas de desaparición forzosa, y para contribuir a los procesamientos judiciales en casos de crímenes contra la humanidad. Comprende testimonios, denuncias, fotografías, registros legales y periodísticos, informes de inteligencia, listas de personas desaparecidas, entre otros. Se evidencia el plan sistemático para perseguir, detener ilegalmente, torturar, crear centros clandestinos para detenciones, además del asesinato y desaparición de personas. La evidencia reunida continúa siendo utilizada en los tribunales tanto en Argentina como en el extranjero. 
El patrimonio representa un legado a las generaciones futuras para que aprendan, aprecien y fortalezcan la cultura de la paz basada en tolerancia, la no discriminación, el diálogo y el respeto de los derechos humanos. El carácter heterogéneo de su condición, estado de conservación, accesibilidad, pertenencia y custodia, representa un reto formidable y compromiso para aquellos responsables de su preservación y del acceso universal a tales documentos que debe garantizarse. A los treinta años del último golpe de Estado en Argentina y con el lema "nunca más", el patrimonio documental aspira a ser reconocido a escala mundial, como parte de la Memoria del Mundo, y así contribuir a que los crímenes aborrecibles no sean repetidos en ninguna parte del mundo. Este patrimonio promueve la política de la memoria en contra de la del silencio y el olvido, como instrumento colectivo que permite conocer, comprender, aprender y practicar la justicia. 
La postulación conjunta de dieciocho archivos, coordinada por el Archivo Nacional de la Memoria, se complementa con un agregado que comprende dos adendas al registro MoWLAC (aprobadas en 2017 y 2018) con diferentes colecciones y fondos documentales pertenecientes a instituciones públicas y estatales. En 2017 la adenda incluyó los siguientes acervos: Juicio a los ex comandantes de las tres primeras Juntas Militares; Archivos y Colecciones personales de “Rodolfo Puiggrós”, “Olga del Valle Márquez de Aredez”, “Alicia Raquel Puchulu de Dransgosch” y “Mabel Gutiérrez”, así como el Fondo documental del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. Su objetivo puntual: acompañar el proceso de memoria, verdad y justicia iniciado por la sociedad desde el final de la dictadura y afirmado por la constitución de políticas públicas de los últimos años. Entre estas políticas está la de resguardar la documentación (en papel, digital y audiovisual) para que pueda servir de prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en el país, así como la referida a aspectos testimoniales sobre la resistencia popular antes, durante y posterior al periodo dictatorial. Se trata mayormente de medios audiovisuales y de documentos procedentes de Córdoba, ninguno de los cuales había sido incluido anteriormente.
La documentación presentada que se aprobó como adenda en 2018 es producto del Servicio Penitenciario Bonaerense [SPB] y se conformó a partir de las incautaciones que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo en las Unidades del SPB. La compilación se enmarcó en la investigación judicial para determinar el grado de responsabilidad del SPB en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de 1976-1983. La incautación de la documentación se da en un contexto de reforma del SPB y en el año en que se retomaron los juicios por crímenes de lesa humanidad que permitían condenar a los responsables de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura. Hasta entonces no habían sido condenados integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense a pesar de la existencia de numerosos testimonios que daban cuenta de su participación en la represión. La documentación incautada refiere fundamentalmente a los presos políticos y está conformada por legajos personales, historias clínicas, fichas y libros.