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Se trata de un proceso jurídico de 1556, a raíz del reparto de tierras a los encomenderos españoles Juan Polo de Ondegardo y Rodrigo de Orellana, contra los indios de Paria (Carangas), quienes expresan su disconformidad con esta distribución. Su defensa se basa en los hitos y repartimientos que hizo el inca Huayna Kapac, quien dividió por "suyos" (parcelas de tierras de tamaño equitativo) a los grupos étnicos afines, en cuanto a origen y culturas, evitando fricciones interétnicas de la región del altiplano boliviano, así como de las regiones peruanas, ecuatorianas, del norte de Chile y de Argentina. Se constata la política administrativa del manejo del estado inca mediante los mitimaes, es decir, del control mediante el envío de "colonos" a otras zonas ecológicas diferentes, para disponer así de los recursos complementarios, fueran económicos o militares. Si en una época muy anterior al estado inca hubo una práctica semejante (como en la cultura Tiwanacu), en el incario, Huayna Kapac aplica e impone en gran escala la transferencia de tierras a familias y poblaciones de distintas regiones, hacia el valle de Cochabamba, para la producción del maíz destinado al Inca, al Dios Sol y demás poblaciones del imperio. El proceso demuestra el alcance y evolución que llega a tener el Tawantinsuyo en la última época del dominio inca, que devela las dimensiones organizativas y de expansión militar hacia la región amazónica. 

Este documento (Provisión Real) forma parte de un expediente de 1575, en el que el Virrey Francisco de Toledo de España, con residencia en Lima y ejerciendo su poder desde la Audiencia de La Plata, ordena que se solucione el conflicto mencionado, mediante una resolución jurídica. Esta fuente primaria es uno de los pocos registros de la etapa temprana de la colonia, de gran importancia para los estudios e investigaciones etnohistóricas en Latinoamérica.