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Desde su fundación, la UNESCO ha elaborado instrumentos jurídicos como la Convención de la UNESCO sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970, punto culminante de un largo proceso de reflexión sobre la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Este acuerdo busca, a través de la colaboración internacional, suprimir el comercio ilegal de bienes culturales muebles, y reconoce el valor que tienen para la civilización y la cultura de los pueblos, principalmente en su contexto de origen. Chile depositó ante la UNESCO el instrumento de ratificación en abril de 2014.

El robo, el saqueo y el tráfico ilícito de bienes culturales son delitos. Privan a las personas de su historia y su cultura, y debilitan la cohesión social a largo plazo. Además, promueven el crimen organizado y contribuyen al financiamiento del terrorismo. Los perjudicados directos son museos, colecciones públicas y privadas, propietarios o poseedores legítimos, edificios religiosos, instituciones culturales y sitios arqueológicos en todo el mundo. Además de las instituciones afectadas, afecta a toda la sociedad, ya que se trata de objetos que son parte de nuestra historia e identidad.