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Un total de 2.334 Operadores de Justicia de Iberoamérica participarán de la “Sexta Edición del Curso en línea Marco Jurídico Internacional de la Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública y Protección de Periodistas” que tendrá lugar del 20 de abril al 31 de mayo de 2020.

Esto elevará el número a más de 15.000 operadores judiciales incluyendo jueces, juezas, fiscales, defensoría pública, funcionarios y funcionarias de los poderes judiciales, instituciones nacionales de derechos humanos y organismos de acceso a la información pública, capacitados desde 2013.

Co-organizado por la UNESCO Montevideo y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el curso cuenta con la coordinación del Centro Knight para Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, en Austin, y con el apoyo de la Cumbre Judicial Ibero-Americana, de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, la Universidad de los Andes y del Programa Multi-Donantes en Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas; y fue declarada de interés por la Cumbre Judicial Iberoamericana en su Asamblea Plenaria de 2016.

La interacción entre estos actores no sólo será enriquecedora, sino que el curso también se llevará a cabo en un momento especial para nuestro planeta, en el que la humanidad atraviesa un momento particularmente difícil que requiere una cooperación efectiva de todos nosotros. COVID-19 no sólo coloca a los sistemas mundiales de salud pública en una crisis sin precedentes, sino que también plantea fuertes desafíos al derecho a la información.

En este sentido, la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el periodismo profesional de calidad son clave para combatir la desinformación (las llamadas "fake news", noticias falsas, bulos). .

Durante este tiempo crítico, los operadores judiciales de todo el mundo serán llamados a tomar decisiones cruciales sobre muchos de los desafíos establecidos en la declaración de los Relatores Especiales. Por lo tanto, esta sexta edición del MOOC tiene una importancia aún mayor y llega en un momento muy importante.

Con todo esto en mente, y como parte de esta edición del curso, los organizadores han creado un módulo adicional que se entregará en forma de seminario web sobre el tema de libertad de expresión y acceso a la información pública en tiempos de COVID-19. Este contenido será accesible para todos los participantes del curso.

Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO asegura:

“tambien el conocimiento más detallado y profundo de los estándares internacionales puede ayudar en el trabajo cotidiano y hacer un efectivo aporte para alcanzar las metas que propone la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, especialmente, en el Objetivo 16, profundamente vinculado con los temas que serán abordados en el curso desde una perspectiva teórica, reflexiva y práctica”.

Por su parte, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de destacar que el curso en línea

“es un esfuerzo conjunto de la Relatoría y de la UNESCO”, señala que “el objetivo al que se apunta es el de cooperar con los Poderes Judiciales de la región con un ejercicio de capacitación permanente de los magistrados en el complejo tema del contenido y alcance conceptual y práctico de la libertad de expresión en cada jurisdicción”.

Rosental Calmon Alves, fundador y director del Centro Knight de la Universidad de Texas, subraya que

“el curso es una plataforma tecnológica de conocimiento que, con recursos digitales en sintonía con el paradigma epocal aporta a la capacitación gratuita para jueces y otros operadores de justicia sobre el marco jurídico y los estándares internacionales que se aplican sobre libertad de expresión, el acceso a la información pública y la provisión de seguridad a periodistas”.

Por lo tanto, se entiende que una cultura de impunidad incita más casos de violencia contra periodistas, mientras que también trabaja para silenciarlos, fomentando la autocensura dentro de los medios y desaconsejando la investigación de temas sensibles como redes criminales, acceso a la información y corrupción. Para romper ese perverso círculo vicioso se cuenta con el imprescindible papel de las autoridades jurisdiccionales de la región. Ofrecido de forma gratuita, el curso se basa en la certeza de que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos fundamentales que nos permiten ejercer otros derechos humanos, son componentes clave para el logro de objetivos de desarrollo sostenible y enfrentar situaciones de emergencia, como la pandemia actual.

Así, se da la bienvenida a los 2.334 operadores judiciales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.