91�鶹������Ʒ����

Moderado por Yuria Saavedra, abogada y experta en derecho humanitario y en derecho penal internacional, el seminario se encargó de examinar los desafíos planteados por la defensa de los estándares internacionales sobre la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en el contexto de la pandemia de la COVID-19. La discusión, que reunió a expertos internacionales en derechos humanos y operadores judiciales de alto nivel, también abordó el rol del poder judicial y del estado de derecho de cara a las medidas extraordinarias que muchos estados han decidido adoptar en respuesta al avance del coronavirus (particularmente, las declaraciones de estado de emergencia o de excepción). Estas medidas han estado, en muchos casos, al origen de restricciones indebidas o excesivas a derechos humanos fundamentales, afectando particularmente a los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información pública, pero también la seguridad de los periodistas.

“Esta pandemia es también una ‘’, y debe enfrentarse a partir de una prensa libre, independiente y plural”, dijo Guilherme Canela, Jefe de la Sección para la Libertad de Expresión y la Seguridad de los Periodistas de la UNESCO. El señor Canela advirtió contra la “tormenta perfecta” generada por la pandemia y la ‘desinfodemia’ de la COVID-19, subrayando que el ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información pública y la protección de los periodistas son clave para la superación de la crisis.  

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insistió que la respuesta a la pandemia de la COVID-19 debe basarse en el respeto de los derechos humanos. El señor Lanza enfatizó la falta de una necesidad real o justificación para restringir la libertad de expresión y la libertad de prensa, destacando que éste es “es el momento en donde la prensa ha jugado un rol aún más importante del que juega tradicionalmente en una democracia (en una situación de normalidad)”, a través de su contribución a una mayor transparencia en la información pública.

Joan Barata, del Centro para Internet y Sociedad y del Centro de Política Cibernética (Universidad de Stanford), destacó la importancia de los instrumentos de soft law en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Aunque “la salud pública es una causa, en principio, de restricción de la libertad expresión”, dijo el señor Barata, los gobiernos deben "buscar aquella medida que sea lo menos restrictiva posible, no sólo desde el punto de vista del ejercicio de la libertad de expresión, sino también del posible impacto (sobre) otros derechos fundamentales”. El señor Barata también subrayó la obligación de justificar la necesidad de adoptar medidas restrictivas de excepción, debiendo especificar qué aspecto de la salud pública se beneficiaría con la adopción de dichas medidas.

Los participantes también destacaron el rol de los jueces en la respuesta a la pandemia de la COVID-19, advirtiendo sobre las limitaciones que los estados de excepción declarados en los países afectados por la enfermedad podrían imponer sobre el poder judicial. "Ningún estado de excepción puede justificar que se bloquee el acceso a la justicia o que la justicia no funcione”, dijo Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayando que “ni el estado de derecho ni los derechos humanos se suspenden ni pasan a un estado de latencia” durante este tiempo. El juez Pérez Manrique insistió que los jueces deben desestimar cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión que no cumpla con la triple prueba de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Este seminario en línea fue el primero de una serie de tres seminarios sobre los desafíos legales relacionados con la libertad de expresión y la pandemia de la COVID-19 destinados a operadores judiciales. Fue organizado con el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Corte de Justicia de la CEDEAO y Open Society Foundations. Los jueces y otros miembros del poder judicial pueden ser actores clave para la plena garantía del ejercicio de la libre expresión y de la protección de los estándares de privacidad y la seguridad de los periodistas.

Con este propósito, y dentro del marco el , la UNESCO ha desarrollado –desde 2013– un programa integral para el fortalecimiento de la capacidad de los jueces, de los actores judiciales (fiscales, abogados) y de la sociedad civil con respecto a los estándares internacionales y regionales sobre la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Hasta la fecha, más de 17,000 operadores judiciales y representantes de la sociedad civil de América Latina y África han recibido una capacitación en estos temas, particularmente a través de , de capacitaciones y talleres en terreno, y de la publicación de y .